Cierta es aquella frase que dice que el papel lo aguanta todo. Es relativamente fácil plasmar en un papel, con mejor o peor narrativa, lo que pensamos, defendemos, decidimos, legislamos y juzgamos, pero muchas veces no es tan fácil ponerlo en práctica.

En nuestro actual sistema legal, repleto de leyes orgánicas y ordinarias, decretos, reglamentos, órdenes y ordenanzas, directivas, y no sé qué mas, aplicables y a veces aplicadas cuando no corresponde, por mujeres y hombres del estado, de las comunidades autónomas, de las diputaciones, de los ayuntamientos, de la comunidad de vecinos, de la familia, falta lo que se supone debería ser la base de todo, el sentido común.

Si acudimos a la enciclopedia actual, entre otras definiciones, se encuentran entre aquellas, la que define el derecho como aquel conjunto de normas creadas por un Estado, que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad. Y por sentido común, aquellos conocimientos y creencias compartidos por una comunidad y considerados como prudentes, lógicos o válidos. Se trata de la capacidad natural de juzgar los acontecimientos y eventos de forma razonable.

Si a raíz de lo anteriormente indicado, se supone que en una comunidad, existe un sentir compartido para plantear los asuntos de forma razonable y por el contrario tenemos un estado que no hace más que bombardear con más y más normas de todo tipo, es que posiblemente o no existe realmente ese sentido común, o más bien, pese a que sí exista, no queda otra más que embadurnarnos de normas y más normas para justificar la actividad de aquellos que las dictan y todo el entramado que los rodea. Aquellos a los que se les debería presuponer el más y mejor de los sentidos comunes y que por el contrario no predican con el ejemplo.

Yo me inclinaría por esa segunda opción, que va en correlación con la primera frase de este artículo. Poner las cosas sobre el papel es muy fácil; ponerlo en práctica ya no lo es tanto. Y los actuales acontecimientos del país nos lo demuestran. Una corrupción apabullante, unos políticos que abogan por intereses personales antes que por los de aquellos a los que representan (elegidos por cierto en base a las normas), y suma y sigue.
Por lo tanto, de qué sirve tanta norma, presuntamente basada en el sentido común, si precisamente lo que hace falta es aplicar el sentido común, que más o menos todos los que vivimos en la misma comunidad sabemos cuál es. ¿No será que sobran normas y faltan educación, moralidad, preparación, valores, muchos valores, especialmente a muchos de aquellos que deben dar luz y ejemplo?

La realidad y la sensación como persona y como profesional, es que la situación actual es muy desagradable e insostenible. Si nos encorsetan con tanta norma, al final, falta hasta el aire.

Tal vez, si empezaran por ponerse de acuerdo en la forma de educar, desde abajo, desde cero, pero con voluntad duradera y de largo plazo, sería un buen punto de partida. Pero no. Lo interesante es zambullirnos en normas cambiantes que nos generen mayor inseguridad jurídica.

Juanjo Lladó
Letrado nº 3748 ICAIB